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La sentencia dictada esta mañana en la
ciudad de Monte Quemado por la Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y
Correccional de Primera Nominación de Santiago del Estero, constituye
una clara muestra del carácter clasista y racista del poder judicial de
esa provincia. En un sentido más general, el desenlace de este histórico
proceso contra los asesinos del joven campesino Cristian Ferreyra, pone
en evidencia el pacto establecido entre el poder político y económico
de Santiago del Estero para imponer un modelo de desarrollo y
acumulación, a través de la violencia contra las poblaciones rurales.
La decisión de dar la espalda a los anhelos de justicia de un
campesinado que durante la última década se movilizó en defensa de sus
formas de vida y de producción, ante al avance demoledor de los
agro-negocios, puede tener severas consecuencias en un futuro inmediato
de intensificación de los conflictos sociales. La tensión a la que nos
referimos no es exclusiva de Santiago del Estero ni se dirime únicamente
en el territorio de la ruralidad. No se trata tampoco de un exceso o
anomalía. Estamos antes los efectos necesarios de un esquema de negocios
articulado en función de la hegemonía del capital financiero, cuyo
alcance es nacional e incluso regional. El narcotráfico, la especulación
inmobiliaria, y las distintas industrias extractivas, forman parte del
mismo patrón productivo, cuyo poder de corrosión penetra a las
instituciones estatales, poniendo en serio riesgo las formas
republicanas de la soberanía.
Javier Juárez, el asesino material, es el único condenado en la causa, a
cumplir una pena de sólo 10 años de prisión y al pago de 900 mil pesos
en concepto de indemnización por los daños causados. Mientras tanto el
empresario Jorge Antonio Ciccioli, a todas luces el verdadero
responsable de la violencia instrumentada contra los campesinos, fue
absuelto de todo cargo. En el mismo sentido, el resto de los integrantes
de la banda parapolicial que pretendía aterrorizar a los pobladores de
los parajes de San Antonio, San Bernardo y Campo de Mayo, fueron
liberados de toda responsabilidad penal. La sentencia fue precedida por
un desproporcionado operativo policial, con el propósito de contener y
eventualmente reprimir la movilización organizada por el Movimiento
Campesino de Santiago del Estero (MoCaSe – VC), organización a la que
pertenecía el joven Cristian Ferreyra.
El desafío para los movimientos populares y de crítica que pugnan por
una democratización real de las estructuras sociales es enorme, ante la
complejidad de los tiempos que se avecinan. Desde Monte Quemado, Angel
Strapazón, uno de los referentes del Movimiento Nacional Campesino
Indígena afirmó: “Ya lo dijo José Martí: la justicia es un largo
laberinto, cañadas y precipicios. Lo estamos comprobando y constatando
dolorosamente, a veces a los golpes. Podemos putear, indignarnos,
reaccionar. Pero somos inteligentes y sabemos que el momento de recibir
un golpe es también el momento de mostrar el poder de sobrevivencia. Es
un momento para la inteligencia y la astucia. Y tendremos que volver a
recurrir al mismo poder judicial. Sabemos que es una de las
corporaciones más duras, vinculadas a los grupos hegemónicos. Igual
vamos a apelar hasta el infinito, todo lo que nos permita el poder
judicial argentino”.
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